En el Juzgado de Garantía de Temuco se desarrollo la primera jornada de formalización en contra de los 35 sujetos capturados por la Policía de Investigaciones (PDI), sindicados como presuntos integrantes de una facción de la organización delictiva transnacional «Tren de Aragua».
Las detenciones se realizaron tras el allanamiento de viviendas en las regiones de La Araucanía (30), Metropolitana (10), El Maule (uno en Talca) y Los Lagos (uno).
La indagatoria arrojó que la red criminal operaba bajo una modalidad de distribución de sustancias ilícitas mediante repartos a domicilio y, de forma paralela, ejercía la extorsión contra víctimas a las que previamente habían otorgado préstamos informales de dinero.
«Se trata de una empresa criminal con una jerarquía, con estructura, con una orgánica, con medios, con recursos, con personas destinadas a ejercer distintos roles y funciones dentro de esta empresa, con el objetivo de proveer droga a distintos consumidores, específicamente de la Región de La Araucanía», detalló el fiscal César Schibar.
De los 35 imputados, 29 corresponden a ciudadanos de nacionalidad venezolana y seis son de nacionalidad chilena, estructurados bajo el formato de una célula local dependiente de la organización matriz extranjera.
Debido a la alta cantidad de detenidos, la representación legal quedó dividida entre varios abogados de la Defensoría Penal Pública.
El defensor público Patricio Salinas reveló que la defensa cuestionó formalmente la validez del procedimiento de captura, acusando vicios administrativos respecto a los derechos internacionales de los extranjeros.
La audiencia de formalización continuará desarrollándose este viernes en los tribunales de la capital de La Araucanía para definir las medidas cautelares de la totalidad de la banda.
MODUS OPERANDI
Los 35 detenidos de la facción “Loyalty”.
Segun el sitio exante.cl, la organización tenía una primera línea de mando, a cargo de dos sospechosos que tomaban las decisiones estratégicas del tráfico. Lo seguía una segunda línea que coordinaba el traslado de las drogas desde Santiago a La Araucanía y una tercera que conformaban los vendedores locales o “corredores”.
Estos debían pagar cuotas semanales o mensuales, denominadas “fichas”, para poder traficar en un determinado sector o “plaza” y poder decir que pertenecían al Tren de Aragua. En caso de fallar en los pagos de esta especie de “franquicia”, pagaban multas y recibían amenazas.
La fase final consistía en mover el dinero obtenido ilegalmente, para lo cual los imputados, muchos de ellos migrantes en situación irregular, recurrían a terceros que prestaban sus cuentas bancarias y de empresas para recibir los montos, que después devolvían “blanqueado”.
