En el marco de la Cuenta Pública 2024, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, fue enfático al equiparar la gravedad de la corrupción con la violencia rural, destacando que “tan grave como quemar un camión es sustraer fondos públicos, perjudicar patrimonialmente al Fisco o aceptar sobornos”. Durante su intervención, resaltó los avances en el combate del crimen organizado rural, aunque subrayó que aún queda mucho por hacer para desarticular completamente a estos grupos y consolidar los resultados obtenidos.
Un avance contundente en la persecución de la violencia rural
El persecutor explicó que la estrategia implementada por la Fiscalía de La Araucanía para enfrentar la violencia rural, basada en el enfoque de crimen organizado, ha generado una reducción del 55% en las denuncias por este tipo de delitos respecto al año anterior. Con solo 242 casos recepcionados en 2024, se alcanza la cifra más baja desde 2018.
“Hemos golpeado las estructuras criminales, desmantelado sus fuentes de financiamiento y llevado a juicio a sus líderes. Pero quizá lo más importante es que hemos comenzado a combatir una de las mayores heridas que la violencia rural dejó en nuestras comunidades: la sensación de impunidad”, declaró Garrido durante su intervención. Este trabajo incluyó la obtención de 82 condenas en 41 causas vinculadas a criminalidad organizada rural y la formalización de 53 imputados que permanecen en prisión preventiva.
“Este es un avance significativo, pero debemos ser claros: estos grupos no están desarticulados, y queda un largo camino por recorrer”, enfatizó Garrido. Casos emblemáticos como la condena del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, a 23 años de presidio, y la detención de una célula de la misma organización por ataques incendiarios, han marcado hitos en esta materia. Asimismo, destacó el veredicto condenatorio por el homicidio del suboficial Francisco Benavides, y los avances en la investigación del triple homicidio de carabineros en Cañete y de los agricultores Pedro Cabrera y Pablo Burgos en Collipulli.
Corrupción: el otro gran enemigo
El fiscal Garrido equiparó la lucha contra la corrupción a la persecución de la violencia rural, subrayando que ambos fenómenos generan un daño profundo a la sociedad. En este contexto, destacó el refuerzo de la Unidad de Delitos Anticorrupción, que en 2024 obtuvo importantes avances en el caso «Convenios”, en particular en las causas de las fundaciones Folab-Educc y Fundación Local, donde se investiga una defraudación de más de $1.077 millones.
Este caso incluye la formalización del diputado Mauricio Ojeda, el primer parlamentario desaforado en la región por hechos de corrupción y el primero en el país en ser formalizado y quedar en prisión preventiva en el marco de las investigaciones del caso «Convenios». “No estamos dispuestos a tolerar que la corrupción y sus perniciosas consecuencias queden impunes amparadas en la burocracia administrativa o en supuestas buenas intenciones”, subrayó Garrido.
La Fiscalía también presentó la primera acusación a nivel nacional en este caso, solicitando penas que, en conjunto, suman 92 años de cárcel para cuatro personas, dos de ellas exfuncionarias del Gobierno Regional.
Además, se intensificaron las investigaciones en el ámbito municipal, pasando de 2 casos en 2023 a 7 en 2024, abarcando delitos de fraude al fisco y cohecho en los municipios de Padre Las Casas, Puerto Saavedra, Renaico, Curarrehue, Chol Chol y Temuco.
Desafíos pendientes
El fiscal regional señaló que, a pesar de los avances obtenidos, la Fiscalía de La Araucanía enfrentó en el periodo obstáculos importantes que amenazan con debilitar los esfuerzos realizados. Entre ellos destacan la dilación de audiencias y la intimidación a testigos.
El problema de la dilación de las audiencias ha quedado en evidencia en casos emblemáticos, como el del homicidio del suboficial Francisco Benavides, donde la preparación de juicio fue suspendida en 10 oportunidades. Explicó que la Fiscalía dispuso de 197 días luego de formalizada la investigación para presentar la acusación. Sin embargo, desde que se presentó la acusación hasta la audiencia efectiva de preparación de juicio oral transcurrieron 852 días, casi 28 meses. «La desproporción es considerable y preocupante, refleja problemas de gestión, y eventualmente de abuso del derecho que pueden terminar debilitando el sistema de garantías para todos los ciudadanos. Esta situación no solo afecta la posibilidad de brindar justicia oportuna, sino que también socava la confianza de la comunidad en el sistema judicial», afirmó Garrido.
Asimismo, planteó que el miedo a represalias constituye un serio obstáculo en la participación de testigos en los juicios de criminalidad organizada y delitos violentos en general. Casos como el de Héctor Llaitul, donde testigos se restaron de participar en el juicio luego del debate sobre la reserva de identidad, y del homicidio del suboficial Benavides, donde una testigo recibió amenazas días antes de que declarara en el juicio, evidenciaron la vulnerabilidad de quienes colaboran con la justicia. Para enfrentar esta problemática, se han implementado recientes reformas legales destinadas a reforzar la protección de testigos en causas de crimen organizado, aunque aún queda el desafío de asegurar su efectiva aplicación.
