Debería ser obvio, pero no lo es: Diputado Leal presenta proyecto de ley para impedir que personas con antecedentes penales puedan acceder a pensiones de gracia Recibidos

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Luego que el Gobierno, confirmara que un total de 40 personas de “la primera línea”, que han recibido una pensión de gracia «de por vida», otorgada en el marco del denominado “Estallido Social”, mantienen antecedentes penales, entre ellos uno por violencia intrafamiliar y otro que está en calidad de prófugo de la justicia, el diputado por la Región de La Araucanía y presidente de la comisión investigadora dedicada justamente a analizar dicha medida, Henry Leal (UDI), presentó esta mañana un proyecto de ley para prohibir que las personas con prontuario policial puedan ser acreedoras de este beneficio. (Nota de la redacción: Esto debería ser obvio, pero no lo es. Definitivamente, sería parte del «excesivo presidencialismo» y la falta de «Democracia Directa», ya que la actual «Democracia Representativa», no nos estaría representando tan bien, como quisiéramos los ciudadanos votantes)

En específico, el parlamentario gremialista planteó en el texto que “no podrán acceder a la pensión regulada en la presente ley, peticionarios con antecedentes penales”, agregando incluso que el Presidente de la República -que es el que finalmente otorga dicho apoyo económico- o cualquier comisión encargada del tema, como ocurrió en esta oportunidad, “deberán tenerlo en especial consideración al momento de determinar la procedencia del beneficio y el mérito de las solicitudes”. (Nota de la redacción: Ideal que este tipo de malas o erróneas decisiones, sean revertidas de inmediato por el Congreso u otra instancia)

Justamente, el representante del Distrito 23 hizo referencia a las “excusas” que entregó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al momento de confirmar la información, señalando que “ninguno de los presidentes tuvo a la vista los antecedentes como criterio”, insistiendo en que “si hubiese que tomar una nueva decisión, debiese requerir el análisis de los antecedentes penales”.

Por lo mismo, y para evitar que la determinación quede a criterio única y exclusivamente del Presidente de la República -cualquiera sea-, el diputado Henry Leal decidió ingresar dicho proyecto de ley, argumentando que “desde un punto de vista social, no parece justo que personas con prontuario policial reciban de por vida un apoyo económico, sobre todo considerando que, probablemente, estuvieron involucrados en actos vandálicos durante las protestas de 2019”.

“Es absolutamente injusto e inaceptable que los chilenos, a través de sus propios impuestos, estén pagando de por vida una pensión a quienes destruyeron y quemaron nuestro país durante el denominado estallido social. Si en total existen, por ahora, 40 personas con antecedentes penales que son beneficiarios de esta medida, es evidente que la mayoría de ellos estuvieron involucrados en los graves actos vandálicos que se cometieron durante esa época, como la destrucción de la propiedad pública y privada, los ataques incendiarios y las constantes agresiones que sufrieron los funcionarios policiales y militares”, criticó el parlamentario de la Bancada UDI, quien recordó que, a la fecha, el Estado desembolsa casi $300 millones mensuales para costear dichas pensiones. (Nota de la redacción: Eso, sin contar el costo total de la reparación o reposición de todos los desmanes. Está claro que tampoco les interesa, proteger la billetera ni el presupuesto nacional)

Por lo anterior, el representante de La Araucanía, llamó al Presidente Boric a “revisar, por un lado, los antecedentes penales de quienes están postulando a esta pensión” y, por otro lado, a “apoyar este proyecto, para que nunca más un delincuente reciba un beneficio costeado por todos los chilenos”.

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