A simple vista, el predio parece otro campo del sur: cerros bajos, pinos, eucaliptos y humo de leña suspendido en el invierno de La Araucanía. Pero para el Estado chileno, Pidenco se transformó en algo distinto: un territorio donde la institucionalidad dejó de entrar con normalidad y donde la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) consolidó una de sus principales zonas de control.
Ahora, tras la captura de Jorge Huenchullán en Temucuicui y luego de un operativo que incluyó helicópteros del Ejército y despliegue conjunto de ambas policías, la fiscalía dejó entrever que el próximo objetivo está más al oeste, en las inmediaciones de Lumaco.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, evitó entregar fechas. Sin embargo, confirmó que existen diligencias en curso en el fundo Pidenco, el enclave que desde 2016 permanece bajo influencia de la CAM y donde el Estado ha fracasado, al menos dos veces, en concretar la exhumación de los restos de Pablo Marchant.
La historia de ese predio se convirtió en símbolo de la radicalización del conflicto en la Macrozona Sur.
Fue allí donde, en julio de 2021, la CAM organizó el funeral clandestino de Pablo Marchant Gutiérrez, el joven ex estudiante de antropología de la Universidad de Concepción que abandonó la academia para integrarse a un órgano operativo de la organización liderada por Héctor Llaitul. Las imágenes difundidas entonces mostraron hombres armados, uniformes de combate, disparos al aire y banderas mapuche flameando entre bosques tomados. Para las policías y el Ministerio Público, aquello fue mucho más que un funeral: fue una demostración pública de control territorial.
Marchant había muerto días antes, el 9 de julio de 2021, durante un atentado incendiario en el fundo Santa Ana, en Carahue, predio que contaba con resguardo policial. Su muerte fue rápidamente convertida por la CAM en un símbolo político y militar. Desde entonces, el lugar donde fue enterrado adquirió un valor estratégico y ceremonial para los grupos radicalizados.
El problema para el Estado comenzó después.
En septiembre de 2024, un primer operativo para exhumar el cuerpo terminó abortado. Según antecedentes de la fiscalía, funcionarios policiales fueron recibidos con disparos desde el interior del predio. Meses después, en marzo de 2025, un segundo intento volvió a fracasar. La fiscal vocera de La Araucanía, Nelly Marabolí, reconoció públicamente que la diligencia no pudo concretarse.
Lo ocurrido en Pidenco comenzó a instalar una pregunta incómoda dentro del aparato de seguridad: cuánto territorio efectivo controla realmente el Estado en ciertas zonas rurales de La Araucanía.
La eventual intervención que hoy se prepara aparece distinta a las anteriores. La captura de Huenchullán dejó una señal operativa clara: la fiscalía y las policías están dispuestas a ingresar a territorios históricamente considerados “rojos”, incluso utilizando apoyo militar logístico y extracción aérea. En círculos de seguridad, la operación fue interpretada como un ensayo de recuperación gradual de enclaves dominados por orgánicas radicales.
El contexto también cambió.
Con Héctor Llaitul condenado a 23 años de cárcel, la CAM enfrenta uno de sus momentos más complejos desde su fundación en 1997, precisamente en Lumaco, donde ejecutó sus primeras acciones incendiarias contra camiones forestales. La prisión de su principal líder abrió tensiones internas, fragmentación de mandos y mayor presión investigativa sobre los órganos de resistencia territorial.
Sin embargo, lejos de desaparecer, la organización ha reforzado una lógica de repliegue en predios estratégicos, utilizando la geografía rural, el silencio de las comunidades y la capacidad armada como elementos de contención frente al avance policial.
Pidenco resume esa disputa.
Para la CAM, el predio representa memoria, resistencia y control territorial. Para el Ministerio Público, en cambio, se transformó en un desafío directo a la capacidad del Estado para ejecutar resoluciones judiciales en zonas bajo influencia armada.
Por eso, más que una simple exhumación, la eventual entrada al fundo aparece como una operación de alto impacto político. No sólo por el riesgo de enfrentamientos, sino porque pondrá a prueba una estrategia que el gobierno y la fiscalía parecen comenzar a delinear: avanzar sobre territorios donde durante años la presencia estatal fue esporádica, insuficiente o simplemente inexistente.
