Este lunes terminó el «experimento social y urbanístico» Paseo Búlnes.
Paseo Bulnes no logró consolidarse como espacio urbano ordenado, sino que terminó replicando —e incluso amplificando— los problemas estructurales del centro temuquense.
Por años, el proyecto de un paseo peatonal que una el río con el Cerro Ñielol, ha sido un sueño para muchas administraciones edilicias. René Saffirio lo intentó con el Paseo Prat, pero terminó en una obra insípida que terminó con el angostamiento del Eje Prat desde San Martín hasta Lautaro. El segundo intento lo hizo el actual alcalde Roberto Neira,. esta vez, en el Eje Bulnes. Concebido en 2023 como parte del plan “Revive Temuco”, su objetivo era ambicioso: reconectar la ciudad desde el cerro Ñielol hasta el Parque Isla Cautín mediante un corredor urbano, cultural y comercial.
Sin embargo, a poco andar, la iniciativa terminó convertida en uno de los casos más controvertidos de intervención urbana reciente.
De acuerdo con antecedentes difundidos en la prensa, el proyecto piloto implicaba una inversión que superaba los 500 millones de pesos, con cerca de 295 millones directamente asociados a su implementación inicial. Pero más allá de las cifras, el punto crítico está en los resultados.
Lo que se anunció como un espacio de encuentro ciudadano rápidamente derivó en un foco de problemas. Diversos reportes dieron de un deterioro acelerado del paseo: veredas en mal estado, estructuras improvisadas, suciedad acumulada y una alta presencia de comercio ambulante no regulado.
El lugar, que buscaba ordenar el espacio público, terminó tensionado por las mismas dinámicas que pretendía corregir. Aumentó el comercio informal, se generaron conflictos con locatarios establecidos y se evidenciaron problemas sanitarios asociados a la venta de alimentos en la vía pública. A ello se sumaron disputas con grupos como las hortaliceras mapuche, quienes denunciaron falta de diálogo frente a procesos de reubicación, reflejando un quiebre entre autoridades y actores tradicionales del centro.
En síntesis, el Paseo Bulnes no logró consolidarse como espacio urbano ordenado, sino que terminó replicando —e incluso amplificando— los problemas estructurales del centro temuquense.
A tres años de este millonario «experimento urbano y social», el desenlace quedó marcado este lunes con la apertura de la vía al tránsito vehicular. El «improvisado y experimental» paseo Bulnes fue desmontado.
Hasta ahora, los análisis han sido particularmente duros, calificándolo como “la demolición más cara” de la ciudad, aludiendo a recursos públicos que, en la práctica, no generaron un impacto sostenible. La propia autoridad comunal ha señalado que el piloto cumplió su ciclo y que el foco ahora está en proyectos mayores, como la reconstrucción del Mercado Municipal.
El caso del Paseo Bulnes expone un problema más profundo: la fragilidad de los proyectos urbanos cuando no logran integrarse a la realidad social, económica y cultural del territorio. Sin control efectivo del comercio informal, sin acuerdos sólidos con actores locales y sin una estrategia sostenida de seguridad y mantención, cualquier intervención —por bien intencionada que sea— queda expuesta al deterioro.
Con el retiro del paseo y los millones ya ejecutados, surge una interrogante que hasta ahora no tiene una respuesta clara: ¿Quién responde por los recursos invertidos en un proyecto que no cumplió sus objetivos?
Porque más allá de la narrativa de “piloto” o “aprendizaje urbano”, lo cierto es que hubo dinero público comprometido, expectativas generadas y un impacto concreto —aunque fallido— en el centro de la ciudad.
El Paseo Bulnes deja una lección evidente: intervenir el espacio público no es solo diseñar infraestructura, sino comprender —y gestionar— las dinámicas sociales que lo habitan. Cuando eso falla, el costo no es solo urbano. Es, también, político y financiero.
Por Francisco Carrasco, periodista con diplomado en Políticas Públicas, Transparencia y Probidad
