Javier Milei deroga la Emergencia Territorial Indígena y habilita desalojos en el sur de Argentina
En un polémico decreto firmado el 10 de diciembre de 2024, el presidente Javier Milei puso fin a la emergencia territorial indígena establecida en 2006 mediante la Ley 26.160. Esta normativa había suspendido los desalojos de tierras ocupadas por comunidades indígenas para permitir un relevamiento y reconocimiento de derechos. La decisión ha generado un intenso debate nacional, enfrentando a defensores de los derechos indígenas con sectores que exigen seguridad jurídica y desarrollo económico.
El Fin de la Emergencia
El Decreto 1083/2024 deroga tanto la ley original como sus prórrogas, argumentando que las extensiones prolongadas habían provocado «inseguridad jurídica», conflictos territoriales y limitaciones al desarrollo económico. Según el gobierno, la normativa permitió «abusos del sistema», con un aumento de inscripciones de comunidades indígenas que, en algunos casos, no cumplían los requisitos legales para ser reconocidas.
Además, el Ejecutivo destacó que la suspensión de desalojos afectó los derechos de propietarios legítimos y bloqueó proyectos de infraestructura en provincias como Neuquén y Río Negro. En total, se han registrado 254 conflictos judicializados relacionados con tierras, incluyendo casos de violencia y usurpaciones.
Reacciones Encontradas
La medida ha sido celebrada por sectores empresariales y propietarios de tierras, quienes la ven como un paso hacia la restauración de la seguridad jurídica y el desarrollo económico. Sin embargo, organizaciones indígenas, como la Confederación Mapuche de Neuquén, condenaron la decisión, calificándola de «regresión en los derechos de los pueblos originarios». Advirtieron que podría aumentar los desalojos y tensiones sociales en el sur del país.
Por su parte, defensores de derechos humanos han señalado que la derogación ignora los compromisos internacionales de Argentina en la protección de los pueblos originarios, como el Convenio 169 de la OIT, y podría exacerbar los conflictos territoriales.
Impacto y Escenario Futuro
El gobierno de Milei sostiene que la medida busca equilibrar los derechos de propiedad con el desarrollo económico y la soberanía del Estado sobre los recursos naturales. Sin embargo, críticos argumentan que la derogación agrava una problemática histórica en la relación entre comunidades indígenas y el Estado. En las próximas semanas, se espera que el debate se intensifique en el Congreso y en las calles, mientras las comunidades indígenas organizan manifestaciones para visibilizar su rechazo a la medida.
Este controvertido decreto marca un giro en la política territorial de Argentina, evidenciando las tensiones entre desarrollo económico, propiedad privada y derechos indígenas. Las repercusiones sociales y jurídicas de esta decisión serán un punto clave en la agenda política de los próximos meses.
