$33 mil millones bajo la lupa: Contraloría detecta falencias en programa de tenencia responsable de animales
Mientras en la TV la poblacion chilena vivio el rescate de Morocho el rio Mapocho, en la CGR se informa que cerca de 200 municipios -algunos probablemente de La Araucania- mostraban serias irregularidades en el marco de la Ley Cholito.
De acuerdo con el análisis de la Contraloría General de La Republica, entre el año 2017 y marzo de 2026, las municipalidades de todo Chile han recibido un monto total de $33.647.556.550 a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC).
Sin embargo, el cruce de datos dejó en evidencia una preocupante inacción y falta de transparencia en la gestión de estos dineros por parte de los liderazgos
El desglose del reporte RADAR arrojó cifras críticas respecto al comportamiento de las administraciones comunales con los recursos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE):
- Falta de ejecución: Un total de 61 municipios no realizaron jornadas de rescate animal ni de control de la población de mascotas, a pesar de haber recibido, desde el año 2022, casi $5 mil millones desde la SUBDERE exclusivamente para cumplir con esos fines.
- Silencio ante la fiscalización: Peor aún es la situación de 162 municipalidades que simplemente no respondieron a los requerimientos de información formales de la Contraloría respecto al uso y destino de más de $16 mil millones que les fueron transferidos por la misma Subsecretaría.
- Vacío normativo e infraestructura ilegal: El catastro de la CGR constató que 25 municipalidades ni siquiera cuentan con una ordenanza local sobre tenencia responsable; 178 comunas no disponen de un aparato lector de microchip (o no informaron tenerlo); y 31 municipios mantienen o financian con recursos públicos caniles que no están inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal.
Por esta “alerta de riesgo relevante” informada por la CGR, dicho organismo fiscalizará a la SUBDERE, en su calidad de entidad que transfiere los recursos para la protección de mascotas y animales de compañía.
Además, aquellas municipalidades que no cuentan con una ordenanza municipal, deben dictarla en un plazo de 90 días hábiles, la cual debe ser informada a la Contraloría.
