Avanza proyecto del diputado Henry Leal que obliga acreditar “origen lícito” de dineros para pagar fianzas y contratar abogados en causas de crimen organizado
La Cámara Baja aprobó en primer trámite la iniciativa del representante por la Araucanía, que prohíbe pagar los honorarios de los defensores privados en efectivo, sino que por medio de un sistema electrónico o bancario.
Por unanimidad, este lunes la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que el diputado por la Región de La Araucanía, Henry Leal (UDI), presentó en septiembre del año pasado junto a un grupo de parlamentarios de su bancada, para que los tribunales de justicia obliguen a acreditar el “origen lícito” de los dineros que se utilizan para pagar fianzas o contratar abogados, cuando se trate de delitos contenidos en la Ley 20.000 (sobre drogas) o en causas asociadas a organizaciones criminales.
Al respecto, el parlamentario explicó que la iniciativa surgió a raíz de la polémica que se originó en dos oportunidades en la Región de Coquimbo, luego que los juzgados de garantía de Ovalle y Los Vilos dejaran en libertad a 23 integrantes de una banda investigada por narcotráfico y a cinco miembros del Tren de Aragua a cambio de una fianza de $2 millones y $5 millones, respectivamente.
Por lo mismo, considerando el poder adquisitivo que suelen mantener las asociaciones criminales que operan en el país, la Cámara de Diputados aprobó que en las investigaciones por tráfico de drogas, conductas terroristas o asociación delictiva los abogados defensores deban recibir sus honorarios por medio de un sistema de pago que sea distinto al efectivo, como por ejemplo cheques, vale vista, transferencia electrónica u otro, obligando a los profesionales a tener que entregar dicha información a la Unidad de Análisis Financiero, evitando así que el origen de los recursos sea ilícito.
Al respecto, el parlamentario gremialista, señaló que, “hemos aprobado un proyecto de ley en la Cámara que busca transparentar el origen lícito de los recursos por los que se pagan los honorarios de los abogados que defienden causas por narcotráfico. Lo mismo las fianzas. Queremos evitar que lleguen con maletines, con plata, con recursos a pagar honorarios y no se sabe de dónde viene. Eso tiene que dejar transparencia a través de la transferencia bancaria o de un cheque que quede constancia, no como ocurre hoy día, que se paga a sus abogados con muchos recursos en dinero efectivo, que muchas veces viene de un origen ilícito, viene de la droga, del narcotráfico y la justicia no se puede prestar para eso. Por eso impulsamos este proyecto de ley y luego es aprobado y esperamos que se convierta prontamente en ley de la República».
En cuanto a los otros detalles del proyecto aprobado, el diputado Henry Leal precisó que al concluir su defensa o cuando renuncien a ella, los abogados particulares deberán acreditar ante el tribunal respectivo el pago que recibieron por sus servicios, arriesgando incluso la suspensión del ejercicio de la profesión por un período de seis meses hasta un año si es que incumplen con dicha obligación.
En ese contexto, el diputado Leal, aclaró que el objetivo de la iniciativa no es “criminalizar” a los abogados que defiendan causas judiciales contra organizaciones criminales o de narcotráfico, sino que sólo garantizar que los recursos involucrados no tengan un origen ilícito.
“En medio de la grave crisis de seguridad que estamos viviendo, es absolutamente inaceptable que hoy los tribunales estén permitiendo la contratación de abogados u otorgando libertad bajo fianza sabiendo que esos recursos pueden provenir de actividades ilícitas”, finalizó el parlamentario representante por el distrito 23.
