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Gobernador regional entrega propuestas de la Cumbre por la Paz a subsecretario Monsalve y pide reunión con el presidente Gabriel Boric

Luciano Rivas se reunió con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y le entregó el documento de conclusiones de la Cumbre por la paz, titulado “Araucanía 2030”, que contienen propuestas e ideas para superar la crisis que se vive en la región y el sur de Chile.

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El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, se reunió esta tarde con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en su oficina en el Palacio de La Moneda, ocasión en la que le hizo entrega del documento final que recoge las propuestas de la Cumbre por la paz, realizada en Temuco el 13 de abril pasado y que contó con la presencia de los alcaldes y consejeros regionales.

Bajo el título “Araucanía 2030” el equipo del Gobierno Regional sistematizó las conclusiones y propuestas que surgieron de la jornada de trabajo y discusión que se dividió en cuatro mesas temáticas con miras a levantar soluciones y propuestas para superar la crisis que se vive en la región. Así las cosas, el texto plantea propuestas concretas de acción en las áreas de “Paz, Seguridad y Reconciliación”, “Políticas Indígenas”, “Desarrollo Regional” y “Infraestructura e Inversión Pública”.

Rivas solicitó formalmente a Monsalve una reunión de los asistentes a la cumbre con el presidente Gabriel Boric para profundizar en las propuestas y soluciones.

“Como autoridades elegidas democráticamente tenemos un enorme desafío sobre nuestros hombros, dejar de lado nuestras legítimas diferencias políticas y trabajar unidos por el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas de La Araucanía”, dice la introducción del documento que firmaron los 32 alcaldes de la región.

“En este contexto de equivocaciones y falta de una acción política efectiva por los distintos gobiernos los últimos años, ofrecemos una agenda detallada, pero no definitiva, para la Paz, el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la reconciliación en la Araucanía, un compromiso por escrito que no contiene letra pequeña”, plantea el texto apelando a la transversalidad y unidad de los proponentes.

Entre las principales propuestas destacan las que surgieron de la mesa de “Paz, Seguridad y Reconciliación” donde el diálogo aparece como un principio para insistir en la búsqueda de la paz, pero “sobre la base que la seguridad en un Estado Democrático de Derecho es el piso básico para la sana convivencia”.

Aumentar la dotación de las policías en las zonas más afectadas por la violencia, incorporar al SII, Conaf y otros organismos relevantes en la fiscalización de las bandas ilegales que operan en la región, acelerar leyes como modificación ley antiterrorista, de inteligencia y de seguridad interior del Estado, así como la ley del robo de madera y el aumento de penas al delito de usurpaciones. Además, una ley de reparación de víctimas de violencia rural entendiendo que es responsabilidad del Estado resguardarlas, asoman como las iniciativas más destacadas.

En materia de Política Indígena, se propone la creación de un departamento de asuntos indígenas en los 32 municipios de la región, así como “urgentes cambios” en la política de tierras, donde los asistentes a la cumbre proponen, entre otras cosas, realizar un catastro de las tierras que se han comprado y que faltan por comprar y, que la compra de tierras venga acompañada de un plan de desarrollo productivo y soluciones de habitabilidad para las comunidades mapuche.

En materias de Desarrollo Regional se propone crear una Zona Franca en la región o bien llamada zonas económicas especiales con la finalidad de generar un incentivo para atraer inversión privada tan deficitaria en la Araucanía, mientras que en la mesa de Infraestructura e Inversión Pública destacan una fuerte política de fortalecimiento de la cobertura Agua Potable Rural (APR), el mejoramiento y construcción de caminos rurales, mejorar la conectividad digital de la región, sobre todo de las zonas rurales y un Plan Marshall de inversión pública en La Araucanía para los próximos 20 años que sea consensuado con las necesidades de los municipios.

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