Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia pública sobre la desprotección del derecho al agua en Chile y el impacto que esto tiene en las poblaciones rurales, campesinas e indígenas.
Allí el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), Mujeres de MODATIMA, Mujeres en Resistencia, la Alianza Territorial Mapuche (ATM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresaron que en Chile conviven comunidades rurales e indígenas sin agua suficiente para beber, alimentarse, higienizarse y trabajar mientras que grandes industrias son dueñas del derecho de aprovechamiento del agua, las cuales sobreexplotan el recurso en sus actividades económicas e impactan negativamente gran parte del territorio.
En la audiencia el Estado de Chile estuvo representado por el cuestionado asesor del Ministerio del Interior, Cristián Barra, recordado por trabajar en Bancard y diversos escándalos como las acusaciones de no pago de pensión alimenticia hasta hurto, malversación de caudales públicos y giro doloso de cheques además de ser renunciado excoordinador de la macrozona sur.
«La Corte Interamericana ha establecido que el derecho humano al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana, comprendiendo el derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico-comunitario. Ha dicho, asimismo, que para garantizar su protección, el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no como un bien económico”, expresó la abogada de CEJIL, Andrea Pietrafesa para dar cuenta que el Estado chileno está incumpliendo tratados internacionales.
Pietrafesa también destacó que “estas denuncias no son nuevas para la Comisión”, quien ya había tenido la oportunidad de escucharlas de primera mano durante su visita a Chile en enero del 2020.
Por su parte, el representante Modatima, Camilo Mansilla Quiñones se refirió a los gastos en los que ha incurrido el Estado chileno para abastecer a las comunidades que no tienen acceso al agua y afirmó que “frecuentemente debe comprar agua para abastecer a las comunidades, gastando solo en un lapso de 6 años sobre 128 millones de dólares”.
El país andino es el único de la región en el cual el agua es jurídicamente considerada un bien privado que se puede comprar y vender en el mercado con fines de explotación económica, sin priorizar el acceso para el consumo humano. Por eso, actualmente en el país hay 138 comunas con decretos de escasez hídrica; 383.204 viviendas carentes de agua potable; el 48% de la población rural carece de fuentes formales de abastecimiento de agua y el 80% de las cuencas del país están sobre-otorgadas.
Además, “la legislación chilena consagra la separación del régimen de propiedad del agua del dominio de la tierra, lo que permite que existan privados que tienen acceso al agua, sin necesidad de ser propietarios de la tierra lo que trunca y no deja desarrollar las formas de vida y tradiciones propias de las comunidades rurales, campesinas e indígenas”, prosiguió Mansilla Quiñones para dar cuenta de las consecuencias que tiene en la vida e integridad de las personas la no protección del derecho al agua.
Asimismo, desde la sociedad civil expresaron que la equidad de género también se ve afectada en el acceso al agua. Al respecto la representante de Modatima Mujeres, Lorena Donaire expresó que «en el mundo rural 8 de cada 10 recolectores de agua son mujeres. Ellas cargan el peso de proveer agua a sus familias. Las mujeres siguen siendo el género oprimido en el acceso al agua».
Las personas defensoras del derecho al agua, a través de Manuela Royo, solicitaron a la CIDH que haga un llamado público a Chile a adecuar su marco normativo y regulatorio en conformidad con los estándares internacionales, que desarrolle con mayor claridad los alcances de la protección internacional del derecho al agua bajo la Convención Americana y que solicite al Estado información detallada sobre la cantidad de denuncias presentadas por amenazas, hostigamiento u cualquier otro tipo de violencia contra personas defensoras de derechos humanos.
Ante la falta de información pública por parte del Estado, a su turno, el Comisionado Joel Hernández le preguntó: “¿Cómo se lleva a cabo la apropiación? Si es en un bien nacional de uso público, ¿cuál es el régimen de concesión?”.
Por su parte, la Comisionada de la CIDH Flávia Piovesan planteó la contradicción que existe entre considerar el agua un bien de consumo humano y el tratamiento que le da el Estado chileno; «La privatización se mueve por intereses financieros y ahí se debilita el derecho al agua como derecho fundamental de supervivencia que impacta en el derecho a la salud, la vida, el trabajo, la integridad», la Comisionada de la CIDH Flávia Piovesan.
Ante los planteos de la sociedad civil y los comisionados, la respuesta del Estado fue deficiente, ya que evidenció que en Chile el agua es un bien con fines de explotación económica; tampoco respondió a las denuncias sobre amenazas y riesgo que enfrentan las personas defensoras del agua y evidenció la falta de políticas integrales y mecanismos de protección. Además, desconoció tratados internacionales al decir que estos no contemplan el derecho al agua.
Al respecto, la abogada de CEJIL, María Noel Leoni expresó “mucha preocupación” por estas afirmaciones emitidas por el Estado y dijo que dicen “mucho de las violaciones que denunciamos y remarcan la importancia de esta audiencia y de la necesaria intervención de la CIDH”.
Finalmente, la comisionada de la CIDH Julissa Mantilla afirmó que “la CIDH toma con mucha atención la solicitud de la sociedad civil, que va a dar líneas y estándares de suma utilidad”.
La audiencia completa se puede ver, aquí.
