Hay frases que pueden parecer impecables frente a una planilla de Excel, pero que se desmoronan apenas uno sale de una oficina y conversa con quienes deben pagar las cuentas a fin de mes.
Eso es precisamente lo que ocurre con las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto del precio de la parafina. En medio de un alza de $281,8 por litro del kerosene, el ministro sostuvo que “hoy día nadie consume parafina” y que, dadas las temperaturas, su consumo era mínimo. Posteriormente defendió sus dichos señalando que se trata de un consumo estacional y que, en esta época del año, “no debiese ser una necesidad urgente”.
El problema no es solamente una frase desafortunada. El problema es la mirada que hay detrás de ella.
Porque mientras desde Santiago se habla de promedios, estacionalidad y comportamiento agregado del consumo, en La Araucanía hay personas que siguen necesitando calefacción.
Basta mirar lo ocurrido este jueves en Temuco. Leí en medios como ADN, Biobio y Emol diversas historias.
Vecinos que llegaron a cargar combustible a una estación de servicio ubicada en Avenida Alemania con Andes relataron que las bajas temperaturas de las mañanas y las noches mantienen vigente la necesidad de calefaccionarse, pese a que el invierno terminó oficialmente. Una vecina explicó que antes compraba alrededor de $2.000 en parafina y que ahora necesita destinar $10.000. Otra recordó que para los adultos mayores que requieren calefacción permanentemente, el aumento golpea directamente el presupuesto familiar.
Dicho esto, ¿puede una estadística nacional decir que el consumo de parafina es estacional? Por supuesto.
Pero otra pregunta es mucho más importante para quien gobierna: ¿qué ocurre con la familia que hoy necesita calefacción?
Ahí aparece la diferencia entre administrar números y gobernar personas.
En Temuco y Padre Las Casas, además, la calefacción no puede analizarse como si todas las familias tuvieran las mismas alternativas. Existen restricciones asociadas al uso de leña y una realidad ambiental particular.
El propio Estado informa periódicamente los precios y disponibilidad de leña seca y pellet en la zona. En el último sondeo de SERNAC, realizado entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, se registraron precios desde $3.200 para un saco de eucaliptus globulus, $3.800 para eucaliptus nitens y $4.690 para una bolsa de pellet de 15 kilos.
Es decir, la discusión no puede reducirse a si el invierno terminó en el calendario.
La primavera de La Araucanía no es la primavera de una planilla estadística.
Aquí llueve. Aquí las mañanas pueden ser frías. Aquí existen adultos mayores que necesitan calefaccionarse. Aquí hay familias que deben decidir cuánto combustible pueden comprar y cuánto dinero queda para el resto del mes.
Y eso debería importar especialmente a un ministro de Hacienda.
No porque un ministro deba abandonar los números. Todo lo contrario: debe conocerlos. Pero también debe saber cuándo un promedio estadístico deja de ser suficiente para explicar lo que está ocurriendo en un territorio determinado.
Dicho de otra manera y popularmente, Chile no es Santiago y Valparaíso. El sol de allá y los 26 grados promedio no se repiten en el sur
Esa egocéntrica visión deja planteada una cuestión que excede largamente el precio de la parafina: ¿qué significa gobernar bien un país territorialmente diverso?
Gobernar no consiste solamente en observar una curva descendente y concluir que un problema dejó de ser relevante.
Gobernar también consiste en preguntarse quién queda debajo de esa curva, y verificar qué necesita.
Porque detrás de cada porcentaje existe una familia. Detrás de cada promedio hay personas que pueden estar viviendo una situación completamente distinta a la que refleja el indicador nacional.
Y La Araucanía conoce demasiado bien esa diferencia entre la estadística y la experiencia.
Por eso, más que discutir si el ministro Quiroz tiene o no razón en términos estrictamente estadísticos sobre la estacionalidad del consumo de parafina, la pregunta relevante es otra: ¿es suficiente esa explicación para tomar una decisión que afecta directamente a hogares que siguen dependiendo de ese combustible?
La respuesta política la deberá dar el propio Gobierno y, finalmente, los ciudadanos.
