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Polémica por cobros CAE llega a la Araucanía. TGR aplicó primeras acciones en la región

Hasta esta jornada la Tesorería General de la República ha informado, no obstante, cuántos deudores del CAE han sido objeto de embargos o retenciones en la región.

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La ofensiva de la Tesorería General de la República (TGR) para recuperar millonarias deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) ya comenzó a sentirse en La Araucanía, una de las primeras regiones del país donde se han ejecutado procedimientos de embargo y retención de fondos a personas morosas.

Aunque las autoridades no han informado cuántos deudores específicos han sido afectados en la región, el propio Gobierno confirmó que La Araucanía figura entre las zonas donde ya se están aplicando medidas de cobro, junto con Antofagasta y Los Lagos. Esto considerando que según dato de la propia TGR existirían 25 mil personas con deudas vigentes con el CAE por más de 20 mil millones de pesos.

A nivel nacional, la Tesorería estima que la deuda acumulada del CAE alcanzó cerca de 4 billones de pesos, mientras que sólo alrededor del 40% de los beneficiarios mantiene sus pagos al día, situación que ha llevado al Ejecutivo a endurecer las acciones de cobranza.

Según cifras entregadas por el Ministerio de Hacienda, cerca de 30 mil personas ya han reprogramado sus compromisos financieros desde el inicio del plan de recuperación, mientras que menos de 1.500 deudores han sido objeto de medidas de embargo o retención de fondos.

¿A quiénes se les está cobrando?

La estrategia anunciada por el Gobierno apuntó inicialmente a aproximadamente 1.800 deudores con ingresos superiores a los cinco millones de pesos mensuales, quienes mantienen obligaciones pendientes con el Fisco por alrededor de 20 millones de dólares.

Sin embargo, durante los últimos días se han multiplicado las denuncias de personas que aseguran haber sufrido descuentos o retenciones pese a no percibir ingresos cercanos a esas cifras, lo que abrió una fuerte controversia política y jurídica.

La tarde de este lunes, tras participar en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz defendió la política de cobro impulsada por el Ejecutivo. «Las deudas se pagan» y «vamos a seguir cobrando», afirmó la autoridad, argumentando que el Estado destina cerca de 500 millones de dólares al año para cubrir obligaciones impagas asociadas al sistema CAE.

No obstante, frente a las críticas por casos de personas con ingresos medios que habrían sido afectadas, Quiroz anunció que conversará con la Tesorería para evaluar alternativas respecto de quienes perciban menos de $3,5 millones mensuales. El secretario de Estado señaló que se buscará una fórmula distinta para esos casos, privilegiando convenios y reprogramaciones antes que medidas más agresivas de cobranza.

JOSÉ MONTALVA: «NINGUNA DEUDA SE COBRA DE ESA MANERA»

Desde La Araucanía, el diputado José Montalva se transformó en una de las voces más críticas del procedimiento aplicado por la Tesorería.

El parlamentario sostuvo que «ninguna deuda se cobra de esa manera» y cuestionó que el Estado esté utilizando herramientas similares a las empleadas para la recaudación tributaria en un crédito destinado a financiar estudios superiores.

Montalva afirmó además que utilizará las facultades fiscalizadoras de la Cámara para exigir explicaciones al Gobierno sobre los criterios aplicados en los embargos y retenciones. «El cobro del CAE se tiene que hacer, pero de manera racional y proporcional», sostuvo el legislador, quien además anunció gestiones para citar tanto al ministro Quiroz como al tesorero general de la República a la Comisión de Hacienda.

La polémica también ha reabierto el debate jurídico respecto de la legalidad del procedimiento utilizado por la Tesorería. Diversos especialistas han planteado que el CAE corresponde a un crédito especial y no a una obligación tributaria, por lo que existen cuestionamientos sobre la aplicación de mecanismos ejecutivos de cobro similares a los usados para impuestos.

Mientras tanto, en La Araucanía y otras regiones del país continúan apareciendo casos de deudores que denuncian retenciones de fondos y embargos.

 

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