Contraloría detecta graves irregularidades en derivación de pacientes oncológicos en Hospital Regional de Temuco
Dos oncólogos derivaban fichas, pruebas y pacientes a su clínica de investigación privada para aplicar metodologías experimentales en el tratamiento del cáncer
Un complejo escenario administrativo y eventualmente judicial enfrenta el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena luego que un informe de la Contraloría Regional de La Araucanía detectara una serie de irregularidades relacionadas con derivaciones de pacientes oncológicos, acceso indebido a fichas clínicas y vínculos de médicos especialistas con un centro privado de investigación clínica.
El Informe Final N°887/2025 de la Contraloría General de la República reveló que dos médicos oncólogos —padre e hijo— que ejercían funciones en el principal recinto asistencial de la región y que además integraban el Comité Oncológico del hospital, derivaron pacientes hacia un centro privado de investigación del cual ambos eran propietarios.
Según establece el organismo fiscalizador, dichas derivaciones se habrían realizado utilizando información clínica obtenida gracias a sus cargos dentro del establecimiento público, situación que podría constituir una vulneración al principio de probidad administrativa y un eventual conflicto de interés.
La auditoría además constató que, pese a haber dejado formalmente el Comité Oncológico en noviembre de 2023, ambos facultativos continuaron participando en sesiones clínicas y accediendo a antecedentes reservados de pacientes oncológicos. Junto con ello, se detectaron accesos indebidos a fichas clínicas digitales por parte de personas vinculadas al centro privado y por los propios especialistas.
Uno de los antecedentes más delicados expuestos por Contraloría apunta a la inexistencia de consentimientos informados para la participación de pacientes en ensayos clínicos, además del retiro de biopsias y muestras médicas por personas ajenas al recinto hospitalario y ligadas al centro de investigación privado.
La investigación también reveló importantes falencias en el control interno del hospital. Entre ellas, la permanencia activa de una cuenta de acceso al sistema clínico digital perteneciente a una exfuncionaria que había dejado sus labores en 2021, pero que continuó habilitada hasta agosto de 2024, permitiendo el acceso a fichas de 765 pacientes.
Asimismo, se detectó que 570 de los 1.555 profesionales que accedieron a registros clínicos de pacientes no mantenían vínculo laboral vigente con la Administración del Estado, según información del sistema SIAPER.
Caso revive cuestionamientos por supuestos ensayos clínicos privados en Temuco
Los antecedentes dados a conocer por Contraloría vuelven a poner sobre la mesa denuncias y publicaciones periodísticas conocidas en años anteriores respecto de oncólogos vinculados a clínicas privadas en Temuco, una en especial, el Centro de Investigación del Cäncer «James Lind» de Temuco, quienes habrían captado pacientes desde el sistema público para incorporarlos a tratamientos y estudios clínicos externos.
En distintas investigaciones periodísticas se había advertido sobre posibles derivaciones de pacientes oncológicos hacia centros privados donde se desarrollaban tratamientos experimentales o investigaciones clínicas, situación que generó cuestionamientos éticos sobre el uso de información sensible, la transparencia de los procesos y el consentimiento efectivo de los pacientes involucrados. Incluso pacientes presentaron antecedentes ante Fiscalía por la muerte de a lo menos un pacientes por servicios prestados por este Centro de Investigación del Cáncer local.
El nuevo informe de Contraloría no solo reafirma varias de esas inquietudes, sino que además establece debilidades institucionales en los mecanismos de supervisión y control del hospital regional, apuntando directamente a eventuales responsabilidades administrativas y posibles delitos que ahora deberán ser investigados por el Ministerio Público.
Actualmente existe un sumario administrativo instruido desde 2021 al interior del hospital, proceso que se encuentra en etapa de descargos y que deberá incorporar los nuevos antecedentes observados por la entidad fiscalizadora.
Finalmente, la Contraloría confirmó que remitió todos los antecedentes al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales derivadas de los hechos detectados.
