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Corte de Temuco revela desatención interinstitucional a madre de 86 años y su hijo de 71 que viven en condiciones insalubres

El tribunal acogió parcialmente un recurso de protección y ordenó al Servicio de Salud Araucanía Sur, la Municipalidad de Temuco y SENAMA adoptar medidas inmediatas para resguardar la vida e integridad de ambos adultos mayores. Estableció que las visitas domiciliarias y coordinaciones realizadas fueron insuficientes frente a los riesgos acreditados, por lo que dispuso evaluaciones médicas integrales y la búsqueda de una alternativa de cuidado segura, respetando su voluntad y autonomía.

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La Corte de Apelaciones de Temuco acogió parcialmente un recurso de protección presentado en favor de una mujer de 86 años y su hijo de 71, quienes viven en condiciones de grave vulnerabilidad sanitaria, habitacional y social.

El tribunal ordenó su traslado prioritario a un establecimiento de la red pública de salud para evaluar integralmente su estado físico y mental, además de disponer una intervención coordinada de los organismos públicos para garantizar su cuidado y encontrar una alternativa residencial segura.

Denuncia

La Fundación Defensoría Mayor interpuso un recurso de protección contra siete organismos públicos, denunciando la falta de medidas efectivas para resguardar la vida, integridad y salud de una mujer de 86 años y su hijo de 71, ambos en situación de grave vulnerabilidad.

La mujer presenta enfermedades crónicas, limitaciones físicas y sensoriales, antecedentes de salud mental y un alto grado de dependencia. Su hijo, quien ejerce como cuidador informal, también padece enfermedades y presenta posibles dificultades cognitivas que podrían afectar su capacidad para asistirla adecuadamente.

Ambos habitan una vivienda en condiciones de insalubridad, con acumulación de residuos, presencia de animales y roedores, instalaciones deficientes y riesgos de caídas e incendios. Pese a las intervenciones municipales y sanitarias realizadas desde 2023, una inspección de agosto de 2026 constató que los peligros persistían.

La recurrente cuestionó la falta de soluciones concretas y solicitó evaluaciones médicas especializadas, asistencia jurídica, fiscalizaciones sanitarias y medidas de protección habitacional. Asimismo, pidió una intervención coordinada de los organismos públicos, con plazos y seguimiento judicial, que permitiera evaluar alternativas de cuidado y residencia, respetando la voluntad y autonomía de ambas personas mayores.

Respuestas

La Seremi de Salud de La Araucanía informó que una fiscalización realizada en agosto de 2024 constató condiciones insalubres en la vivienda, lo que dio origen a un sumario sanitario que concluyó en septiembre de 2026 con una amonestación a la propietaria y la orden de efectuar una nueva inspección.

La autoridad sanitaria sostuvo que sus atribuciones se limitaban a fiscalizar y sancionar infracciones sanitarias, sin comprender la solución integral de problemas familiares, habitacionales o asistenciales.

La Municipalidad de Temuco informó que desde 2023 había realizado gestiones de acompañamiento social, atención médica y mejoramiento habitacional, incluyendo una cirugía de cataratas para la mujer, evaluaciones de salud mental y actuaciones ante el Juzgado de Familia. Sin embargo, señaló que las intervenciones enfrentaron dificultades por la resistencia de los afectados, las limitaciones del inmueble para acceder a subsidios y la falta de facultades municipales para imponer tratamientos o disponer su ingreso a residencias de larga estadía.

La Corporación de Asistencia Judicial y la Seremi de Justicia señalaron que no habían desatendido solicitudes de asistencia jurídica. La Corporación agregó que, tras conocer el recurso, realizó una visita domiciliaria y brindó orientación jurídica y social.

SENAMA informó que no había recibido solicitudes previas sobre el caso y que, tras conocerlo, realizó visitas y coordinaciones con el municipio. Explicó que el ingreso a residencias de larga estadía requiere cumplir requisitos legales y contar con el consentimiento de la persona mayor o autorización judicial. Aunque señaló que no existían cupos disponibles, manifestó su disposición a evaluar otras alternativas de cuidado y mantener el seguimiento del caso.

SENADIS descartó haber incurrido en una omisión ilegal o arbitraria, al no haber recibido solicitudes sobre el caso, y precisó que la evaluación y certificación de discapacidad corresponde a las COMPIN.

El Servicio de Salud Araucanía Sur informó que realizó visitas domiciliarias y evaluaciones clínicas que evidenciaron enfermedades crónicas, problemas de movilidad y riesgos de caídas. Reconoció que permanecían pendientes evaluaciones especializadas y que el hijo había rechazado una evaluación de salud mental, aunque sostuvo que ambos estaban incorporados a la red asistencial y que había actuado dentro de sus competencias.

La Corte de Temuco recordó que el recurso de protección busca restablecer el ejercicio de los derechos fundamentales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los afecten o amenacen.

El tribunal examinó los informes de los organismos recurridos y los antecedentes de dos procedimientos tramitados ante el Juzgado de Familia de Temuco. A partir de ellos, estableció que ambas personas mayores enfrentaban una situación de vulnerabilidad que comprometía directamente su seguridad, salud e integridad física y psíquica.

La sentencia destacó que el problema no se limitaba al deterioro de la vivienda ni a la acumulación de objetos, pues también involucraba enfermedades crónicas, ausencia de redes familiares de apoyo, dificultades económicas y dudas sobre la capacidad del hijo para continuar ejerciendo el cuidado de su madre.

Asimismo, advirtió que no existían evaluaciones médicas integrales suficientes para determinar el estado actual de salud, autonomía y dependencia de cada uno.

En este punto, la Corte precisó que no podía darse por acreditada la existencia de enfermedad de Alzheimer ni de una incapacidad cognitiva que afectara a los involucrados, ya que los antecedentes disponibles solo permitían establecer sospechas clínicas que requerían estudios especializados.

No obstante, sostuvo que esa falta de certeza no justificaba postergar las evaluaciones pendientes, sino que hacía necesaria una intervención inmediata para determinar las necesidades reales de atención y cuidado.

El tribunal también señaló que la resistencia de alguno de los afectados a recibir determinadas prestaciones o las dificultades para establecer contacto con ellos no podían convertirse en obstáculos que impidieran conocer adecuadamente su situación.

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