En 45 días debería desaparecer la Toma VIP
"Tienen ingenio": Dueños de "Toma VIP" de Pucón evitaban fiscalización con ruedas para que viviendas parecieran casas rodantes
Los propietarios de las cabañas modulares emplazadas en el humedal Delta del Trancura, en el sector La Puntilla de Pucón, anunciaron que retirarán las construcciones en un plazo máximo de 45 días, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso de protección presentado para revertir la orden municipal de demolición.
La medida responde a las irregularidades detectadas por la Dirección de Obras Municipales, relacionadas con la falta de permisos y la intervención de un área protegida.
A través de su abogada, Bernardita Hiriart, los propietarios aseguraron que acatarán la resolución, pero rechazaron que se trate de una «toma VIP», argumentando que el terreno es de propiedad privada desde 1996.
Historia
Lejos de tratarse de un episodio aislado, el conflicto arrastra casi tres décadas de fricciones territoriales. Los terrenos, que abarcan unas 66 hectáreas adquiridas a fines del siglo pasado por José Miguel Calvo Puig, enfrentan cuestionamientos históricos que apuntan al despojo de títulos de merced pertenecientes a comunidades mapuche del sector.
Desde 1999, agrupaciones vecinales como el movimiento ambiental MAI de Pucón han fiscalizado los constantes intentos por urbanizar este espacio inundable.
En el historial destaca el freno a iniciativas de gran envergadura como el proyecto Bahía Pucón —que pretendía erigir 13 torres habitacionales—, cuya resolución de calificación ambiental fue revocada tras comprobarse movimientos de tierra y faenas clandestinas destinadas a hacer pasar el humedal por un sitio eriazo.
Hacia 2019, la estrategia mutó hacia una ocupación paulatina iniciada con recintos de estacionamiento para casas rodantes, derivando con los años en una veintena de cabañas rodeadas por el agua, donde la alteración del régimen hídrico mediante escombros y tierra ha sido una constante.
Pese al mandato de desarme, los titulares del predio ya ingresaron un nuevo expediente ante la Dirección de Obras Municipales para intentar legalizar obras, mientras la salvaguarda jurídica del sitio continúa entrampada.
