Denuncia de Senador Cárter por explotación sexualmente de menores abre interrogantes y pone el foco en la responsabilidad de comunicar
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una autoridad cuando comunica públicamente una acusación de esta magnitud?
Una grave denuncia pública formulada por el senador Rodolfo Carter instaló esta semana a Villarrica en el centro de la atención nacional, luego de que el parlamentario asegurara que en un hogar de menores de la comuna existirían niñas que estarían siendo víctimas de explotación sexual por parte de personas de la región con alto poder adquisitivo.
Las declaraciones, realizadas durante el lanzamiento de la agenda nacional “Chile cuida a sus niños”, generaron inmediata preocupación por la naturaleza de los hechos denunciados. Carter afirmó además que el recinto estaría siendo acosado por narcotraficantes y delincuentes.
Sin embargo, detrás de la gravedad de las afirmaciones existe un elemento que resulta fundamental para entender la dimensión de esta denuncia: al momento de realizar sus declaraciones públicas, no existía una denuncia formal ingresada ante el Ministerio Público respecto de los hechos que el senador estaba exponiendo.
La propia Fiscalía Regional de La Araucanía confirmó posteriormente que, tras tomar conocimiento de las declaraciones del parlamentario, decidió iniciar una investigación penal de oficio y entregar las diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.
Es decir, hasta ahora no existe una sentencia, imputación ni responsabilidad penal establecida que permita afirmar como hechos comprobados las acusaciones realizadas públicamente.
Y ahí aparece una pregunta que trasciende el caso particular: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una autoridad cuando comunica públicamente una acusación de esta magnitud sin que previamente exista una investigación conocida o antecedentes judiciales que permitan respaldarla?
La protección de niños, niñas y adolescentes no admite relativizaciones. Una eventual situación de explotación sexual infantil sería de la máxima gravedad y debe ser investigada con absoluta rigurosidad. Pero precisamente por esa gravedad, la comunicación de este tipo de acusaciones exige también prudencia, precisión y responsabilidad.
Una denuncia pública puede abrir una investigación, como ocurrió en este caso. Pero una investigación no equivale a la comprobación de los hechos denunciados.
La Fiscalía ha sido clara: abrió una causa de oficio para esclarecer las afirmaciones y determinar si existen responsabilidades. Será justamente ese proceso investigativo el que deberá establecer qué ocurrió realmente, si existieron delitos, quiénes estarían involucrados y si los antecedentes entregados públicamente corresponden a una situación real.
Mientras eso no ocurra, resulta necesario evitar que una acusación tan delicada termine transformándose, en la opinión pública, en una verdad instalada sin haber pasado por el principal filtro que corresponde en un Estado de Derecho: la investigación y acreditación de los hechos.
Porque si los antecedentes son reales, estamos frente a una situación que requiere toda la fuerza del Estado para proteger a los menores y perseguir a los responsables.
Pero si las afirmaciones no logran sostenerse con antecedentes concretos, también habrá que preguntarse por las consecuencias de haber expuesto públicamente a una comuna, a instituciones y eventualmente a personas bajo acusaciones de enorme gravedad.
La investigación recién comienza. Y mientras la Fiscalía y la PDI realizan su trabajo, quizás la principal obligación de todos —autoridades, medios de comunicación y ciudadanía— sea no confundir una denuncia con una condena, ni una declaración pública con un hecho comprobado.
