Todo apunta a la U. AUTONOMA: Gobernador de La Araucanía presentó denuncia por eventuales delitos de fraude al fisco
Tras informe que detectó diversas irregularidades en la administración y rendición de recursos públicos.
El gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, presentó ante el Ministerio Público una denuncia para que se investiguen eventuales responsabilidades penales derivadas de las irregularidades detectadas por la Contraloría Regional en convenios suscritos entre el Gobierno Regional y la Universidad Autónoma de Chile durante los años 2022 y 2023.
La presentación apunta a eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos, materias que deberán ser investigadas por el Ministerio Público y respecto de las cuales no existen, por ahora, responsabilidades penales establecidas.
Los antecedentes corresponden a diez convenios que significaron transferencias superiores a $21 mil millones a la Universidad Autónoma. De acuerdo con los antecedentes difundidos tras el informe de Contraloría, al cierre de la fiscalización permanecían aproximadamente $6.929 millones sin rendir, mientras otros recursos rendidos fueron objeto de observaciones.
Entre los hallazgos también aparecen proyectos que figuraban administrativamente como ejecutados pese a que su materialización fue cuestionada, además de 73 facturas posteriormente anuladas mediante notas de crédito, por aproximadamente $127,5 millones, situación que dificultaría establecer el destino efectivo de esos recursos.
Otro de los antecedentes corresponde a saldos superiores a $134 millones cuya rendición permanecía pendiente, además de observaciones relacionadas con procedimientos administrativos, contables y de control utilizados en los convenios.
Frente a estos antecedentes, Saffirio anunció que el Gobierno Regional instruyó además sumarios administrativos internos, destinados a determinar eventuales responsabilidades funcionarias, procesos que se desarrollarán bajo supervisión de la Contraloría Regional.
El gobernador sostuvo que la prioridad del Ejecutivo regional es esclarecer el destino de los recursos públicos y recuperar aquellos montos que eventualmente no hayan sido debidamente rendidos.
Los antecedentes del informe de Contraloría fueron remitidos, además, al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio de Impuestos Internos, para que cada organismo determine las acciones que correspondan dentro de sus respectivas competencias.
La denuncia presentada por el Gobierno Regional abre ahora una nueva etapa investigativa. Será la Fiscalía la que deberá determinar si los hechos contenidos en los antecedentes configuran delitos y, eventualmente, establecer las responsabilidades que correspondan.
El GORE La Araucanía señaló que colaborará con las instituciones encargadas de la investigación y fiscalización, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y resguardar los recursos públicos.
