Alcalde de Victoria fue formalizado por abuso sexual calificado y violación. Una acusación fue sobreseída.
arraigo nacional y prohibisión de acercarse a la víctimas son las medidas cautelares aprobadas. Fiscalía apelará de resolución de jueza.

El alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, fue formalizado por delitos sexuales cometidos en contra de dos mujeres. Estos delitos tienen relación con el abuso sexual calificado y violación los que fueron cometidos entre los años 2016 y 2019.
La formalización se realizó en el Tribunal Oral en lo Penal de Victoria, instancia en la cual la defensa del alcalde, al inicio del procedimiento, solicitó la prescripción del delito de abuso sexual simple que fue cometido entre los años 2018 y 2019, y que en este tipo de delitos es de 5 años. La petición fue aceptada por la jueza Evelyn Zelaya quedando una de las denunciantes sobreseída en su causa contra el edil.
En la audiencia, el tribunal determinó que la investigación contra el jefe comunal tendrá un plazo de seis meses. En este periodo, el edil quedará sólo con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, dado que no halló justificación a la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía.
Tras la audiencia, la fiscal Vania Arancibia anunció que apelará en cuanto las resoluciones adoptadas por la jueza del Tribunal de Victoria. Todavía tenemos las acciones respectivas para revertir esa resolución y una vez que lo vea la Ilustrísima corte de Apelaciones, podremos determinar lo que acontecerá en cuanto la prescripción del delito de abuso sexual”.
En cuanto a la resolución que desestimó la prisión preventiva, la fiscal Arancibia señaló simplemente que se evaluará.
En todo caso, de ser comprobada la culpabilidad del alcalde Javier Jaramillo, en los delitos de abuso sexual calificado y violación, las penas a las que se sometería serían desde cinco años y un día de pena efectiva.
En cuanto a la medida de no acercamiento a la víctima, existe el compromiso de que esto no ocurra, aún cuando la denunciante y el imputado trabajan en el mismo edificio consistorial.