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Hoy se discute en el congreso la prolongación del Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe

El Gobierno presentó al congreso las posturas para extender el estado de catástrofe aludiendo a temas de beneficios sociales y del control sanitario

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La Cámara de Diputadas y Diputados comenzó a analizar la solicitud de extender el estado de catástrofe enviada por el Presidente Piñera al Congreso, para que la excepción constitucional se prolongue hasta el 30 de junio próximo debido a que la pandemia del coronavirus Covid-19 está lejos de acabar.

Al inicio de la sesión, el Ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, expuso las razones del gobierno para aprobar la solicitud asegurando que “cada uno se hace responsable de lo que vota, pero sepamos que si este estado de catástrofe no se vota, son miles de chilenos los que van a perder los beneficios”.

La alusión del secretario de estado es debido a que beneficios sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la ley de Protección del empleo, entre otros, solo pueden entregarse en el marco del estado de catástrofe.

Cabe recordar que según la Constitución actual, el Presidente tiene la potestad de poder pasar a un Estado de Excepción Constitucional con un plazo máximo de un año en su gestión. Si desea prolongarlo, este debe ser autorizado por el poder legislativo. lo que se discute justamente hoy en el Congreso.

Sin embargo, previo al debate, esta noticia fue recibida con escepticismo por la oposición, desde donde surgieron voces que pusieron en duda las reales motivaciones de extender, por 90 días más, un Estado de Catástrofe que, por definición, es excepcional. Fue el caso del senador independiente Alejandro Guillier quien, se refirió al anuncio hecho por el Presidente Piñera, respecto de impulsar una renovación del Estado de Excepción Constitucional instaurado en el país desde el 18 de marzo de 2020.

“Hay que tener presente que es un Estado de Excepción que establece la Constitución. Pero la palabra es ‘excepción’, no puede transformarse en un mecanismo permanente para administrar problemas y dificultades objetivas que el país tiene. Por consiguiente, termina restringiendo derechos y garantías constitucionales, porque se va extendiendo y muchas veces no se da una justificación”.

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