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Un 96% de quienes que se han acogido a la Ley de protección al empleo son micro o pequeña empresa.

Según las cifras entregadas ayer a nivel nacional, estas empresas no se han visto mayormente afectadas por los actos de autoridad, pero sí han tenido que acogerse a la suspensión de mutuo acuerdo debido a los efectos derivados de la emergencia.

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Este lunes el Ministerio del Trabajo y Previsión Social realizó un balance respecto a las cifras relacionadas con la Ley de Protección del Empleo, en el marco de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus en nuestro país, informando que más de 66 mil empresas ya se han acogido a esta ley para la suspensión temporal de los contratos, esto, con datos recogidos hasta el día 23 de abril.

Según explicó el Seremi de la cartera en la Región, Patricio Sáenz, la gran mayoría de los trabajadores se encuentran comprendidos entre las micro, pequeñas y medianas empresas. En La Araucanía se registra un total de 4 mil 580 empresas que se han acogido a la Ley, lo que implica que 29 mil 533 trabajadores se encuentran bajo esta modalidad. De este total, mil 980 empresas han debido usar esta herramienta debido a que sus actividades se han visto afectadas por actos de autoridad, lo que comprende un total de 17 mil 449 trabajadores.

Según el desglose que fue entregado a nivel central, un 65% de las empresas que están acogidas a la Ley son de la región Metropolitana, seguida la región de Valparaíso con un 7%, La Araucanía con un 6%, Biobío con 5% y Los Lagos con un 3%. “Un dato relevante es que la mayoría de los pactos de suspensión se registran en micros y pequeñas empresas, por sobre la suspensión por acto de autoridad, a diferencia de lo que ocurre en empresas medianas y grandes. En base a estos datos, aproximadamente un 96% de las que se han acogido a la ley son micros o pequeñas empresas, mientras que un 3,4% corresponde a medianas y solo un 1,3% son empresas grandes”, aseguró Sáenz., puntualizando que la forma en la que se está haciendo esta calificación empresas es en base al número de trabajadores y no por ventas”, aseguró el Seremi.

De la misma forma, el representante dijo que “desde el Ministerio hemos hecho un llamado a que quienes se acojan a esta Ley sean empresas que realmente tengan dificultades para cubrir todas sus obligaciones financieras, y por consiguiente, aquellas que no se han visto afectadas en sus ingresos no debiera hacer uso de esta Ley. En este sentido, es importantes señalar que existen mecanismos a través de los cuáles se está fiscalizando esta materia, además de instancias para realizar denuncias y por otro lado, herramientas para sancionar conductas abusivas. Estas sanciones implican, según la autoridad, penas de cárcel de entre 3 a 5 años, devolución de los recursos indebidamente percibidos multiplicados por 2 y la prohibición de celebrar contratos con el Estado por dos años, por lo tanto el llamado es a hacer un buen uso de esta Ley que ha impulsado el Presidente Sebastián Piñera, con el sólo objetivo de proteger las fuentes laborales y los ingresos de los trabajadores”.

En cuanto al seguro de cesantía, la autoridad también dio a conocer que han aumentado las solicitudes del seguro de cesantía a nivel nacional en un 20,6%, respecto de la misma fecha del año anterior, lo que indica que quienes han perdido sus fuentes laborales no han podido encontrar un nuevo trabajo y por ello han debido recurrir a esta herramienta. “Creemos que esta Ley es muy importante en términos de cifras de desempleo, en el sentido de que muchas de las personas que podrían haber perdido sus fuentes laborales, gracias a esta iniciativa han pasado a ser ocupados ausentes, es decir, que sus relaciones laborales están suspendidas bajo el paraguas de esta norma. Esto evitará que el desempleo muestre un crecimiento, que sin esta alternativa, perfectamente podría haber llegado a los dos dígitos en las próximas mediciones”, finalizó Sáenz.

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