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Un palto tiene más derecho al agua que una persona

Hoy Chile es el único país del mundo que tiene privatizado un bien tan esencial para el desarrollo de la vida como lo es el agua.

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Hace solo unos días el gobierno sacaba adelante su campaña “Cuidemos el agua” a propósito de la tremenda crisis hídrica que se vive en nuestro territorio y de los efectos que ha tenido (y que seguirá teniendo) el avance de la mega-sequía en nuestro país. Mediante su campaña, el gobierno de Sebastián Piñera intenta poner énfasis en el uso doméstico de nuestras aguas y en la necesidad de generar un cambio en nuestros propios hábitos de consumo.

Pero el agua que en Chile se destina al consumo humano no es superior al 8%, ya éramos miles los que intentábamos ocupar de la manera más eficiente y sustentable posible nuestras aguas para contribuir en la lucha contra la emergencia climática.

Según un informe de la Universidad de Chile nos advertía acerca de los avances e impactos que iba a tener la mega-sequía en nuestro territorio y de los “serios problemas derivados de la extracción, algunas veces ilegal, de volúmenes de agua que afectan el nivel de los acuíferos” y, pese a que sabíamos; producto del mismo informe, que no podemos esperar que el uso eficiente de ese 8% de agua, resuelva los problemas de la sequía en nuestro territorio, ni mucho menos aún, incentivar a cambiar los hábitos de las más de 400.000 personas que hoy dependen de camiones aljibes para ser abastecidas porque el agua que a ellos les correspondía hoy las utiliza un palto que se riega para la exportación. Todo esto pareciera ser una deliberada campaña para desviar el foco de atención del verdadero problema: nuestra agua tiene dueños.

En la práctica esto no solo ha significado la devastación de suelos completos para la siembra de árboles frutales en zonas que no son aptas para cultivo, sino también la violación sistemática del derecho humano al agua en comunas como Petorca, no tanto por falta de la misma, sino más bien por la mala distribución de ella, priorizando al consumo industrial y del agro-negocio por sobre el consumo humano.

Es por esto que se discutió en el Senado la idea de legislar un proyecto de reforma constitucional que permitiera consagrar al agua como un recurso de dominio y uso público; estableciendo que las concesiones a los particulares sean siempre temporales y por fines específicos (abriendo la posibilidad de que estén sujetas al pago de patentes o tasas) además de priorizar los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales, mantener un caudal ecológico y contemplar el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.

Sin embargo, el texto que claramente iba a ser un avance en la recuperación democrática del agua para nuestros territorios, no pudo seguir avanzando. Este martes, 12 senadores de UDI y RN lograron frenar el proyecto que otros 24 senadores y senadoras apoyaban. Y es que pareciera ser que, para nuestra actual Constitución, 24 son más que 12. Según nuestra carta fundamental, todo intento por modificar un artículo de este estilo requiere de un quórum de ⅔, casi imposible de alcanzar y basta con la mitad de una mayoría (como lo fue en este caso) para frenar cualquier cambio que atente contra el interés empresarial e intente supeditarlo al interés ciudadano. Los parlamentarios de la región la senadora Independiente Carmen Gloria Aravena, votó en contra junto al RN José Garcia, mientras que el DC Francisco Huenchumilla y PPD Jaime Quintana, votaron a favor; Felipe Kast no estaba en sesión.  

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