Juzgado de Garantía declara admisible querella contra ex gobernador Rivas, su jefe de gabinete y la actual seremi de Justicia por administración desleal y prevaricación en fondo de $9 mil millones
La acción judicial fue presentada por el Gobernador René Saffirio y busca perseguir las responsabilidades penales por un perjuicio patrimonial cercano a los $5 mil 900 millones, derivado de gastos rechazados en un programa de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo destinado a apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas de la región.
El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella criminal presentada por el Gobernador Regional de La Araucanía, René Saffirio, en su calidad de Presidente del Directorio de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, contra autoridades, ex autoridades, directivos, ex funcionarios y asesores jurídicos por los delitos de administración desleal y prevaricación, respectivamente.
Con esta resolución, la acción judicial inicia formalmente su tramitación y se dirige específicamente contra directivos, gerentes y funcionarios vinculados a la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía, que desempeñaron roles determinantes en la gestión de recursos del programa de fondos concursables “Reactivación Económica de las MIPYMES”, que transfirió cerca de $9 mil millones a 328 beneficiarios.
“Cuando existen antecedentes de esta gravedad, la obligación nuestra no es guardar silencio, sino acudir a la justicia. Es importante precisar que no estamos persiguiendo personas, sino que estamos exigiendo responsabilidades”, explicó el Gobernador de La Araucanía, René Saffirio.
Entre los querellados figuran el ex Gobernador Regional y presidente del directorio, Luciano Rivas, y su ex jefe de gabinete y director de la Corporación, Juan Pablo Leonelli; además de Cristian Salas, ex director de la Corporación, y Stephanie Caminondo, ex asesora jurídica de la Corporación y actual seremi de Justicia, entre otros querellados.
La querella fue presentada luego de que se detectara un presunto perjuicio patrimonial de $5.898.757.180 asociado a gastos rechazados en la ejecución de un programa que contaba con un presupuesto total de $9 mil millones. De acuerdo con los antecedentes expuestos en la acción judicial, cerca del 65% de los recursos ejecutados fueron observados y rechazados, configurando una situación que podría dar cuenta de eventuales irregularidades en la asignación y uso de los fondos, incluyendo posibles beneficios a personas vinculadas a los entornos personales, políticos y comerciales de los querellados y denunciados.
La investigación interna reveló un patrón de irregularidades cuyo punto más crítico se sitúa en la Comisión de Evaluación Estratégica, integrada por los querellados Luciano Rivas, Juan Pablo Leonelli y Cristian Salas, instancia encargada de definir los proyectos cuya adjudicación se recomendaba al Directorio. Sus miembros habrían intervenido a favor de personas vinculadas a su entorno sin inhabilitarse, eludiendo normativas de control y deberes de abstención.
Como resultado, la comisión privilegió la adjudicación de proyectos con menor puntaje en desmedro de iniciativas mejor evaluadas, decisiones que carecen de respaldo documental: la Corporación, a la fecha, no cuenta con actas del proceso de evaluación efectuado por dicha comisión.
La querella también imputa el delito de prevaricación del abogado a los ex asesores jurídicos de la Corporación, Stephanie Caminondo Eyssautier y Luis Herrera Canales, por un presunto abuso malicioso de su oficio que afectó los intereses económicos de la institución.
“Quienes recibimos el encargo de administrar recursos públicos no recibimos un cheque en blanco para favorecer a algunos, sino para desarrollar la región y apoyar a los grupos vulnerables, y ello es un mandato sagrado de probidad. La administración desleal es la traición a la confianza de toda una región. No permitiremos que las redes de intereses particulares ahoguen el desarrollo de La Araucanía”, señaló la máxima autoridad regional.
Asimismo, en paralelo y por los mismos hechos, el Gobernador René Saffirio presentó una denuncia por la comisión de eventuales delitos cuyo bien jurídico protegido es la función pública, tales como fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, sin perjuicio de otros que pueda determinar la investigación penal.
Tras el cierre del programa, la actual administración del Gobierno Regional de La Araucanía detectó una serie de irregularidades que incluyen información extraviada, rendiciones incompletas y triangulación de recursos, antecedentes que indican que los montos cuestionados podrían alcanzar el 90% del total transferido. Por ello, se instruyó un sumario administrativo destinado a determinar las responsabilidades funcionarias en la rendición y cierre de la iniciativa.
A lo anterior se suma una investigación especial iniciada por la Contraloría General de la República respecto de los recursos destinados a los 328 beneficiarios del mencionado programa de la Agencia Regional de Desarrollo, cuyo destino final aún no ha sido esclarecido.
