Corte ordena a Contraloria Regional emitir informe por recurso de concejal PLC
El concejal Santana sostuvo que esta acción judicial busca resguardar la autonomía fiscalizadora de los concejos municipales
La Corte de Apelaciones de Temuco declaróñ admisible el recurso de protección presentado por el concejal de Padre Las Casas, Miguel Santana, en contra del dictamen D148/2026 emitido por la Contraloría General de la República, que establece límites al ejercicio de la función fiscalizadora de los concejales. En su resolución, el tribunal ordenó a la Contraloría evacuar un informe en un plazo de 8 días, acompañando todos los antecedentes relacionados con el dictamen cuestionado, dando inicio formal a la tramitación judicial del caso.
El dictamen impugnado precisa que las labores de fiscalización deben realizarse mediante mecanismos formales, restringiendo acciones directas en dependencias municipales sin autorización previa de la autoridad comunal. Esta interpretación ha generado preocupación en autoridades locales, al advertirse un eventual debilitamiento del rol fiscalizador que ejercen los concejos municipales en resguardo de la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.
“El hecho de que la Corte de Apelaciones de Temuco haya declarado admisible este recurso demuestra que existe un fundamento jurídico serio que debe ser revisado en profundidad. Este es un paso importante para abrir un debate necesario sobre el alcance real de las facultades fiscalizadoras de los concejales y su rol en la defensa de la transparencia municipal”, señaló el concejal Miguel Santana.
Asimismo, el concejal destacó que en esta causa el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte formal en representación de la Contraloría Regional de La Araucanía, asumiendo la defensa jurídica del dictamen impugnado. “Que el Consejo de Defensa del Estado haya ingresado a la causa confirma la relevancia institucional de este proceso y demuestra que estamos frente a una discusión de fondo que puede tener efectos en el ejercicio del rol fiscalizador en municipios de todo el país”, afirmó.
Finalmente, el concejal Santana sostuvo que esta acción judicial busca resguardar la autonomía fiscalizadora de los concejos municipales y fortalecer el principio de control democrático, señalando que la admisibilidad del recurso constituye un primer paso relevante para que los tribunales revisen el alcance del dictamen y determinen si las restricciones establecidas por la Contraloría se ajustan plenamente a la ley y al interés público.
