De Puerto Saavedra al Senado: el juego que Chile aún no regula
Lo que pasó en Puerto Saavedra
Una fiscalización de Carabineros en Puerto Saavedra terminó con un extranjero detenido por cohecho y con un local de juegos de azar funcionando fuera de toda norma. El caso llevó al diputado Tomás Kast a oficiar al Ministerio de Seguridad Pública y a la Superintendencia de Casinos de Juego: quiere saber cuántos recintos de este tipo existen en la provincia de Cautín, qué catastros manejan las autoridades y qué acciones de clausura y persecución penal están en curso. El parlamentario también pidió antecedentes sobre la coordinación entre municipios, Carabineros y el Servicio de Impuestos Internos, convencido de que el local de la costa no es un caso aislado.
La pregunta llega en un momento especial para la región. A fines de septiembre, la Municipalidad de Temuco obtuvo algo que durante años pareció imposible: dos sentencias condenatorias contra administradores de salas de «juegos de destreza» y la orden judicial de destruir 130 máquinas tragamonedas incautadas, además de más de 14 millones de pesos que fueron a beneficio fiscal. La diferencia la hizo el municipio al constituirse como querellante activo, con apoyo del Ministerio Público, la PDI, Carabineros, el SII y el propio casino Dreams. Antes, como relató el abogado municipal Francisco Vergara, las máquinas quedaban guardadas en bodegas a la espera de un fallo o volvían a la calle gracias a recursos de protección. El antecedente venía de 2023, cuando las querellas de la alcaldía permitieron incautar más de 2.500 equipos en la ciudad.
El proyecto que el Senado sigue sin votar
Los dos episodios tienen algo en común: apuntan a máquinas físicas, instaladas en locales con dirección conocida, que un inspector puede visitar y un juez puede ordenar destruir. Es el terreno donde la Ley 19.995 y la Superintendencia tienen herramientas. El juego que crece fuera de ese perímetro es otro. Las apuestas en línea no cuentan con una ley propia en Chile, y nadie en el país fiscaliza a las plataformas que reciben depósitos desde Temuco o Angol a cualquier hora del día.
Ese vacío lleva casi cinco años en el Congreso. El proyecto que regula las apuestas en línea ingresó a la Cámara de Diputados en marzo de 2022, fue despachado en diciembre de 2023 y hoy cumple su segundo trámite en el Senado, donde fue aprobado en general y luego acumuló sucesivas prórrogas para presentar indicaciones: el plazo original venció el 16 de octubre, se extendió hasta el 26 y finalmente hasta el 2 de noviembre. Mientras el Senado discute, el mercado ya existe y se puede medir. Un ranking de casinos online en Chile, elaborado por el portal AricaMía con seis criterios (licencia, bonos, catálogo, medios de pago, velocidad de retiro y soporte), encontró permisos de Curazao o Malta en los diez operadores evaluados y pagos en pesos vía Webpay o CuentaRUT; ninguno responde ante una autoridad chilena.
Las indicaciones que el Ejecutivo presentó el 28 de octubre ante la Comisión de Economía dan una idea de lo que cambiaría. El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, propuso prohibir toda la publicidad de las plataformas de apuestas en línea, licencias con un costo anual de mil UTM, verificación biométrica de los usuarios, un registro de jugadores, bloqueo de sitios y de medios de pago para los operadores sin permiso y un impuesto de 22 por ciento. Varios senadores consideraron baja esa tasa en comparación con el alcohol y el tabaco, y la comisión seguirá revisando el texto en próximas sesiones. El Gobierno incluso quiere rebautizar la iniciativa como un proyecto de protección de la infancia y prevención de la ludopatía.
Lo que un catastro no va a contar
Nada de eso existe todavía. Hasta que la ley se promulgue, la fiscalización del juego en La Araucanía seguirá siendo lo que es hoy: operativos de Carabineros en locales como el de Puerto Saavedra, querellas municipales que demoran meses en llegar a sentencia, como la que terminó con la destrucción de 130 máquinas en Temuco, y oficios parlamentarios que piden datos que ninguna institución centraliza. La paradoja es difícil de ignorar. Un vecino de Temuco que entra a una sala clandestina arriesga que el local sea clausurado; el mismo vecino puede abrir desde su teléfono una cuenta en un sitio extranjero sin que nadie en Chile registre la operación ni verifique su edad.
El oficio de Kast tiene, por eso, un alcance mayor del que sugiere el episodio de la costa. Si la Superintendencia responde con un catastro regional de casinos clandestinos, La Araucanía contará por primera vez con una cifra oficial de locales ilegales. Sería un avance respecto de 2023, cuando la cifra más concreta disponible fueron las 2.500 máquinas incautadas tras las querellas municipales, y la prensa nacional describió el fallo de septiembre como una de las primeras sentencias de este tipo en el país. Lo que esa cifra no incluirá es el juego que ocurre en pantalla, porque no hay norma que obligue a contarlo. Esa parte de la respuesta depende del Senado, y, a juzgar por los plazos de los últimos meses, la discusión en particular probablemente se extienda hasta el verano.
Entretanto, la recomendación de las autoridades sanitarias se mantiene: el juego de azar es entretención y no una fuente de ingresos, está reservado a mayores de 18 años y conviene fijar límites de tiempo y dinero antes de jugar, sea en una sala con patente o en una aplicación. Juego responsable, en Temuco y en cualquier parte.
