Columna de opinión: El fuego no lee el presupuesto
Columna de opinión por Marco Subercaseaux, Docente del Magíster en Vivienda y Barrios Integrados UNAB.
El mega incendio que hoy afecta a amplios territorios del país vuelve a recordarnos una verdad incómoda: el fuego no espera ciclos políticos ni respeta calendarios presupuestarios. Mientras el país observa cómo barrios completos quedan expuestos a una amenaza que avanza con rapidez, reaparece una pregunta que Chile posterga año tras año: ¿cómo estamos financiando —y priorizando— la infraestructura que sostiene nuestra capacidad de respuesta frente a desastres cada vez más complejos?
La discusión del presupuesto público siempre revela más que cifras. En medio del debate por la Ley de Presupuestos, los incendios forestales y urbanos dejan en evidencia la tensión entre un modelo de financiamiento anual y una realidad territorial marcada por riesgos permanentes. Chile es uno de los países más expuestos del mundo a amenazas naturales: Naciones Unidas ha señalado que el 84% del territorio nacional enfrenta algún tipo de riesgo. No se trata de una excepción, sino de una condición estructural de nuestro habitar.
A esta exposición se suma una presión creciente sobre los sistemas de primera respuesta. En 2024, Bomberos atendió más de 171 mil emergencias a nivel nacional. Solo en Santiago, se registraron más de 10 mil, equivalentes a unas 600 llamadas diarias. Esta carga operativa no es una anomalía: es la nueva normalidad. A nivel global, la ciencia ha advertido que, aunque la superficie quemada ha disminuido en las últimas décadas, la población expuesta al fuego ha aumentado de forma significativa. El incendio ya no avanza solo hacia zonas deshabitadas; son las ciudades las que han avanzado hacia territorios de alta combustibilidad.
Desde la gestión de proyectos y la planificación urbana, existe una certeza básica: los sistemas que operan bajo alta incertidumbre requieren estabilidad para funcionar. No porque la estabilidad elimine el riesgo, sino porque permite anticipar, priorizar y sostener decisiones en contextos donde la amenaza crece más rápido que los ciclos de inversión. El presupuesto público es, en esencia, una negociación entre necesidades legítimas que compiten por recursos limitados. Por eso, el análisis del financiamiento de Bomberos no puede reducirse a una lectura política de corto plazo.
En ese marco, el proyecto presupuestario actualmente en discusión contempla una reducción cercana al 4% para Bomberos, junto con ajustes relevantes en áreas de inversión vinculadas a equipamiento crítico: carros, herramientas hidráulicas, equipos de respiración, mangueras y sistemas especializados que, en muchos casos, dependen de adquisiciones en moneda extranjera. Estas decisiones no afectan de inmediato la respuesta visible; tensionan silenciosamente la continuidad futura del sistema. Cuando se posterga la inversión, no se debilita el presente: se fragiliza el mañana.
Bomberos, con sus 314 cuerpos distribuidos a lo largo del país, no es solo un servicio de emergencia. Es parte de la infraestructura social que permite que Chile siga funcionando incluso cuando el territorio falla. Su legitimidad se construye en una combinación excepcional de voluntariado, disciplina, formación técnica y compromiso público, profundamente arraigado en la vida cotidiana de barrios y comunidades. Pero esa legitimidad no se sostiene únicamente con vocación: requiere gobernanza, confianza, transparencia y responsabilidad estatal de largo plazo.
El mega incendio que hoy enfrentamos no es solo una catástrofe ambiental o urbana. Es una señal de advertencia sobre una gestión del riesgo fragmentada, donde la respuesta operativa ha avanzado más rápido que la planificación territorial y la inversión estructural. Los incendios, las inundaciones y las emergencias urbanas ya no son eventos extraordinarios: son externalidades crecientes del cambio climático, de la expansión urbana y de un modelo de desarrollo que ha empujado a las ciudades hacia zonas de alta vulnerabilidad.
En este contexto, financiar a Bomberos no es un gasto corriente. Es inversión en resiliencia. Es parte del andamiaje que sostiene la continuidad del país cuando todo lo demás se vuelve frágil. Por eso, resulta indispensable abrir una discusión más profunda sobre mecanismos de estabilidad, como presupuestos plurianuales para áreas críticas de la gestión del riesgo. La experiencia internacional demuestra que los países que avanzan hacia modelos más resilientes no necesariamente gastan más, pero sí planifican mejor y protegen sus sistemas esenciales de la volatilidad política.
Chile no se sostiene por inercia. Se sostiene porque, detrás de cada emergencia, existe una red humana, técnica y organizacional que responde cuando el territorio colapsa. Convertir esa capacidad en una política de Estado es el verdadero desafío. Porque el próximo incendio llegará —como siempre— y lo que estará en juego no será solo la respuesta inmediata, sino la solidez de la estructura que hayamos decidido construir antes de que el fuego vuelva a encenderse.
