Jueces sin favores que devolver
Por Antonio Leiva Rabael, académico de Derecho UNAB.
Los episodios que han rodeado al Poder Judicial nos enfrentan a una verdad incómoda: los tribunales chilenos cuentan hoy con un aprecio ciudadano por debajo de lo que necesitamos. No somos un caso aislado. Democracias tan diversas como España, Israel, México, Polonia, Hungría o -incluso- Estados Unidos viven también momentos de tensión entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Lo que -conforme la literatura y la evidencia- diferencia al caso chileno es que sus dificultad se vincula con una confianza pública debilitada. Eso es lo que debiera inquietarnos.
¿Por qué importa tanto esa confianza? Porque un Estado de derecho es, en lo esencial, el acuerdo de una sociedad para zanjar sus disputas según reglas fijadas de antemano y no según el ánimo del momento o el interés del más fuerte. Las respuestas se diseñan en tiempos de calma para ejecutarlas en momentos de inquietud. Pero ese pacto descansa en un supuesto que ninguna ley puede imponer: la creencia extendida y estable de que la solución que ofrece el derecho es -por regla general- mejor que la que cada uno podría procurarse por su cuenta. Cuando esa creencia se deprime, la justicia institucional compite con la justicia por mano propia, que es justamente lo que los tribunales procuran evitar.
La judicatura cumple una función que resulta estructuralmente molesta. Su razón de ser es que un tercero ajeno al conflicto resuelva entre las partes, dándole la razón al que la tenga aun cuando ello incomode al poder político o económico. Por ello, percibir a jueces complacientes con los poderosos es una paradoja que se debe evitar a toda costa, pues su tarea consiste precisamente en someterlos al control del Estado.
De ahí que los nombramientos judiciales deben diseñarse también sobre el principio de ingratitud. Nadie pretende que un juez carezca de convicciones morales o políticas. Ninguna persona racional podría quedar al margen de ellas. Lo exigible es que al ejercer su ministerio no se deslumbren por sus convicciones y la conexión con sus trayectorias vitales no los distraigan del análisis racional y reglado de la evidencia que se les presenta.
Sería un error, sin embargo, atribuir todos los pesares del Poder Judicial solo a las reglas de nombramiento de los jueces. En la vida privada es natural tener amistades, lealtades y trayectorias compartidas. Eso no debiera resultar problemático. Lo que sí resulta repudiable, es usar un cargo para favorecer intereses personales. Ello quebranta valores que como comunidad hemos cultivado a lo largo de nuestra historia. Esas convicciones compartidas sobre la virtud en el espacio de lo público son las que nos permiten sostener a coro que empujar decisiones para satisfacer intereses espurios defrauda la confianza que se deposita en el servidor público, debilita la autoridad misma del Estado y subvierte al bien común ejecutando un esquema de acciones intrínsecamente egoístas. Esas convicciones deben recuperar fuerza entre nosotros. Si no las ponemos en el lugar que se merecen, ninguna reforma legal nos pondrá a salvo.
Hay, sin embargo, señales alentadoras. El propio sistema ha reaccionado: la Corte Suprema ha impulsado procesos disciplinarios y remociones. Sus fundamentos constitucionales han abierto un intenso y legítimo debate académico. Lo relevante es que la institucionalidad ha mostrado capacidad de respuesta. No tolerar estas conductas es el punto de partida indispensable. Pero esas acciones no deben ser sobreinterpretadas. No son más que un cierto punto de partida
Siguiendo en el plano de las respuestas, desde hace casi una década, se viene planteando que la Corte Suprema se concentre en su labor de tribunal de casación y/o última instancia, según sea el caso, y que la administración del Poder Judicial -incluyendo el nombramiento de los jueces- quede en manos de un órgano distinto e independiente. Ese organismo podría incorporar sistemas de cumplimiento preventivo, como los que hoy emplean empresas y servicios públicos, orientados a detectar y mitigar riesgos antes de que se materialicen, en vez de sólo investigar los yerros cuando ya ocurrieron.
Las cosas empeoran antes de mejorar. Sería ingenuo pensar que las revelaciones sobre los nexos espurios entre los poderosos y ciertos jueces han terminado. Es probable que sigan doliendo algo más. Eso no tiene nada de malo: una comunidad que reacciona con energía ante estos hechos es una sociedad organizada que se defiende. En ese contexto, la conducción de la Presidenta de la Corte Suprema merece reconocimiento: ha tomado decisiones difíciles, ha enfrentado diferencias institucionales y ha dado la cara ante la comunidad con humildad. Pero su prueba decisiva no ha llegado aún. Su gestión será medida también por haber o no sentado las bases de una reforma ponderada, con propuestas técnicas sólidas, que haya sido el resultado de su capacidad de persuadir a los demás poderes. Si se ve superada por una lectura excesiva de la separación de poderes, otros ocuparán ese espacio y lo avanzado se diluirá.
Esa tarea, eso sí, no puede recaer solo en la Presidencia del Poder Judicial. Nuestra historia muestra que la institucionalidad chilena ha atravesado antes etapas sombrías y ha sabido sanarse a sí misma. Volverá a hacerlo si el resto de la República comparte ese empeño y lo asume como una tarea propia. A quienes no estén a la altura, a quienes se resten, la historia los juzgará sin indulgencia.
