Candidata a la Convención Constitucional Manuela Royo propone creación de Defensoría Popular Ambiental.
Propuesta: Desde el equipo de la candidata se busca avanzar en acceso a la justicia ambiental.
De acuerdo a la aspirante a la Convención Constitucional por el Distrito 23, Manuela Royo (IND-AD), uno de los elementos primordiales que nuestra institucionalidad ambiental debe mejorar y reestructurar, es el acceso a la justicia. Por ello, desde su equipo se plantea la creación de una Defensoría Popular Ambiental que busque dotar de mayor equilibrio y cobertura de justicia al aparato público, facilitando el acceso de las personas a la búsqueda de soluciones de los conflictos socioambientales que les afecten.
Según Antonio Madrid Meschi, abogado ambiental y miembro del equipo político de la candidata, “Este proyecto se ha discutido desde hace años en el país, tomando más fuerza en el contexto de la firma del Acuerdo de Escazú, que pretende mejorar los derechos de acceso a la justicia, información y participación ambiental en América Latina, y que el Gobierno de Chile no firmó. Ahora, la alta conflictividad socioambiental que existe y crece tanto en la región de la Araucanía como en todo el país, sumado a las distintas trabas para llegar a soluciones dentro de la institucionalidad, hace urgente implementar nuevos caminos.”
Frente a esto, la abogada y candidata a la Convención Constitucional, Manuela Royo señaló que, “En la lucha y defensa jurídica de los derechos de personas y comunidades, que por años he realizado en la región, he visto cómo en materia ambiental existen barreras técnicas y económicas para acceder a la justicia en igualdad de condiciones frente al desarrollo de proyectos de inversión que amenazan los ecosistemas, territorios y derechos fundamentales de las personas. Es necesario que empujemos por un ente estatal que aborde este problema con un enfoque de derechos humanos y desde la mirada del Buen Vivir”.
Desde el equipo de Manuela se propone que la nueva Constitución cree una Defensoría Popular Ambiental, como un órgano independiente del gobierno de turno y autónomo en sus funciones, que promueva y proteja los derechos ambientales de las personas y de la propia naturaleza. Este órgano realizaría tanto la denuncia, defensa y representación judicial de personas frente a las amenazas o vulneraciones de la garantía ambiental constitucional, como elaborar informes y recomendaciones a otros órganos del Estado, iniciativas educativas y relacionamiento con ONGs y organizaciones sociales ambientales, entre otras.
Órganos similares a la propuesta de la candidata, han tenido resultados exitosos en otros países como Argentina (Defensor del Pueblo), pero desde el equipo de Manuela señalan que en el caso de Chile debe adecuarse a la institucionalidad ambiental ya existente (Superintendencia del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental, Tribunales Ambientales, entre otros) y los cambios que se vayan dando en el proceso constituyente. Manuela Royo agrega que, “además, esto debe ir de la mano con mejorar la propia garantía constitucional ambiental, reconociendo el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un derecho social y colectivo, así como también los derechos de la naturaleza y el deber Estado de protegerla.”
